Operación Oikos: ¿y qué hay de los apostantes perjudicados?

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El pasado mes de mayo irrumpía en los medios de comunicación el siguiente titular: “detenidos varios jugadores y exjugadores de fútbol por amaño de partidos”. Una vez aparecía información más detallada, sabíamos que no solamente podían estar implicados exjugadores y jugadores en activo, sino también otras personas vinculadas al mundo del fútbol, entre otros, ciertos cargos directivos. La noticia, por tanto, era si misma era mediática, máxime si se tiene en cuenta la identidad de los aparentes partícipes y que probablemente se trataría de la mayor red de amaños de partidos de futbol descubierta en nuestro país -que no en el viejo continente, pues los amantes de este deporte aún recordamos el famoso “Moggigate”-.

Hasta la fecha, toda la atención ha recaído en los protagonistas del suceso -a los que se han ido sumando nuevos protagonistas-, los cuales se hallan en situación de investigados en el seno de las Diligencias Previas 650/2018 instruidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Huesca. Sin embargo, parece que pocos se han preguntado si aquellas personas que apostaron a los partidos presuntamente amañados y que perdieron la apuesta, podrán recuperar el dinero invertido en la misma. Al respecto de la cuestión formulada, desde mi punto de vista puede ser abordada sucintamente desde tres perspectivas.

Sobre la naturaleza penal de los hechos investigados

Respecto la naturaleza penal de los hechos objeto de investigación -solamente a los efectos que aquí interesan-, a pesar de la falta de información respecto las circunstancias concretas del caso, todo apunta a que los mismos serán constitutivos, entre otros delitos, de varios delitos de corrupción en los negocios previstos en el art. 286 bis 4º del Código Penal, el cual reza:

“El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate”.

La particularidad de dicho delito -y que cobra especial importancia en lo que nosotros reflexionamos-, es que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 288 del Código Penal, el delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis del Código Penal puede ser cometido -con las exigencias del art. 31 bis del Código Penal- por una persona jurídica, y, de hecho, la S.D Huesca se encuentra investigada.

Otra cuestión interesante que subyace a lo expuesto anteriormente, es la de plantearnos si los hechos pudieran ser igualmente ser constitutivos de un delito de estafa -en este caso estaríamos ante el subtipo agravado previsto en el art. 250.1.5º del CP, atendiendo al número de afectados y a que probablemente el perjuicio ocasionado supere los 50.000 euros-, por cuanto la actuación de los jugadores podría integrar los elementos típicos del indicado delito. Se trata de una cuestión interesante tanto desde el plano sustantivo como desde el plano procesal. Desde el plano sustantivo, por la relación concursal que puede plantear con el delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis del Código Penal, pues a pesar de que a priori se pueda pensar que en todo caso nos hallaríamos ante un concurso de leyes del art. 8 del CP a resolver a través del principio de especialidad, lo cierto es que podría diferenciarse la conducta del sujeto activo que de un lado se presta con su actuación a amañar el partido, de aquella con la que el sujeto activo, con su actuar, provoca que el apostante, en la falsa creencia de que el partido se va a desarrollar en condiciones normales -el engaño bastante-, realiza una disposición patrimonial -traducida en la apuesta- que finalmente le provoca un perjuicio económico. Si a ello le añadimos que ambos tipos protegen bienes jurídicos totalmente diferentes, tenemos un argumento para defender la existencia de concurso real entre ambos tipos.

Como bien decíamos, ese planteamiento también daría lugar a un cambio de paradigma procesal. De considerar la concurrencia del delito de estafa -que recibiría la calificación de delito masa en atención a la pluralidad de afectados -, muy seguramente este, a tenor del número de perjudicados, así como a la grave repercusión que puede producir en la seguridad del tráfico mercantil, nada objeta a pensar que, de acuerdo con lo recogido por el art. 65 c) de la LOPJ, sería la Audiencia Nacional la competente para el conocimiento de la causa en cuestión.

Sobre la responsabilidad civil de las casas de apuestas

El especial interés del presente artículo, más allá de unos breves apuntes sobre los posibles delitos imputables a los investigados, es que nadie se ha preguntado si aquellos apostantes que resultaron perjudicados como consecuencia de la maquinación del resultado del partido, pueden constituirse parte en el proceso en calidad de perjudicados y, en este caso; si las casas de apuestas deben responder económicamente también.

Para el análisis de la cuestión, partimos de la base de que las casas de apuestas resultaron beneficiadas por el número de apuestas de aquellos que precisamente alteraron con sus maquinaciones el resultado de los encuentros objeto de sospecha. A su vez, ello generó un perjuicio en aquellos apostantes que, ajenos por completo a la adulteración del resultado, realizaron su correspondiente apuesta en la cuantía que fuera y cuyo resultado resultó contrario a su interés. En tal sentido, no se duda de la condición de perjudicados de los apostantes que obtuvieron pérdidas en la apuesta. Sin embargo, debe valorarse si las casas de apuestas pueden responder civilmente por el beneficio obtenido.

Para nosotros, existen elementos suficientes para considerar que las casas de apuestas podrían responder, civilmente, como responsables civiles directos, concretamente como partícipe a título lucrativo. El art. 122 del Código Penal -que regula dicha figura- dice:

“El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Asimismo, el art. 127 bis del Código Penal, cuando habla del decomiso, expone:

“1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito:

g) Delitos de corrupción en los negocios.

r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.

Por tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto, y considerando que por razón de los delitos investigados podríamos acudir tanto al partícipe lucrativo del art. 122 CP como al decomiso del art. 127 CP, se deberá analizar económicamente si las casas de apuestas obtuvieron igualmente un beneficio como consecuencia de la maquinación del resultado de los partidos en concreto. De ser así, se entiende que la misma deberá responder como partícipe a título lucrativo, debiendo devolver a todos los afectados, cuanto menos, el importe de las apuestas realizadas respecto los partidos objeto de amaño.

Sobre la responsabilidad de los clubes deportivos

Como se indicaba en el apartado 1.-, dado que los hechos serían incardinables en el delito de corrupción en los negocios previstos en el art. 286 bis del Código Penal -y más difícilmente en el delito de estafa del art. 250.1.5º del CP- los clubes cuyos jugadores fueron partícipes de las adulteraciones de resultados podrán responder penalmente como persona jurídica, pues se trata, en ambos casos, de delitos que pueden cometer las personas jurídica.

A tales efectos, deberá verificarse si el club en cuestión contaba con un Plan de Cumplimiento Penal, cuya respuesta es positiva en todos los casos, pues La LFP no permite la inscripción de equipos en Primera y Segunda División si no cuentan con un Plan de Cumplimiento Penal (también llamado de prevención de delitos o, mas conocidamente, Compliance). No obstante, el club tenga dicho plan, deberá verificarse que el mismo no se trata de un “mero papelito”, sino que se trata de un modelo que ha sido efectivamente implantado y ejecutado por las personas encargadas, debiendo contar con oportunas auditorias, así como revisiones a los efectos de actualizar el mismo.

De verificarse la responsabilidad penal de los clubs, nada obsta a que a los mismos se les pudiera exigir responsabilidad civil derivada de delito, que en este caso se traduciría en la suma apostada por los apostantes.

De igual forma, y en defecto de lo anterior, aún con mayor complejidad, podría intentarse que los clubes de futbol (o las aseguradoras) respondieran como Responsables Civiles Subsidiarios, a tenor de lo dispuesto en el art. 120 del Código Penal, si bien, como se indica, esta construcción sustantiva se antoja sumamente complicada.

Víctor Muñoz Casalta

Abogado Penalista en Durán & Durán Abogados

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